Felipe Clemente de Diego nació en Guadamur (Toledo), en 1866, y murió en Pozuelo de Alarcón (Madrid), en 1945. Catedrático de Derecho Civil y presidente del Tribunal Supremo durante 1938-1945, probablemente deba su vocación por el Derecho Civil a un suceso que durante su adolescencia quebró el bienestar económico de la familia. Su padre, Fabián de Diego, vio como la mayoría de sus propiedades se esfumaban como consecuencia de haberse constituido en fiador de la deuda. Años después, D. Felipe y su hermano D. Pedro Gregorio se empeñarían en “rescatar amorosamente” esos bienes con “los dineros ganados con su esfuerzo”. La quebrada economía familiar convirtió al joven D. Felipe en un estudiante laborioso que compaginó sus estudios con la impartición de clases privadas para costearlos.
Sus resultados académicos siempre fueron excelentes y simultaneó los estudios de Derecho y Filosofía, obteniendo en ellos 19 matrículas. La escasez de medios le impidió dedicarse de inmediato a la carrera docente, por lo que optó por acogerse a la “doble protección de la amistad y el Estado”. En el sistema de turnos de partidos de la Restauración, que conllevaba también el turno de plazas y cesantías en la administración pública, Felipe de Diego obtiene una plaza en el Ministerio de Fomento gracias al apoyo de un miembro del partido conservador. Al cambiar las tornas, y quedar cesante D. Felipe, busca apoyos en el partido liberal, en el cuál militaba su padre, y rápidamente obtiene un nuevo puesto de importancia análoga en el Ministerio de Hacienda.
La formación académica de D. Felipe comienza por la fundación de una academia privada para estudiantes de Derecho, a la vez que preparaba las oposiciones de cátedras. En 1897 obtiene la cátedra de Derecho Romano en la Universidad de Santiago y tras pasar por Granada y Barcelona, obtuvo en 1906 la cátedra de Derecho Civil en la Universidad Central de Madrid, a la edad de 40 años. La obtención de la cátedra le sirvió para desarrollar una activa vida política y social, que le dio gran notoriedad pública. Hasta el punto que en uno de los pasajes de La Colmena (de Camilo José Cela) uno de sus personajes, un eterno aspirante a ingresar en la Academia de Jurisprudencia, de la que Felipe de Diego fue presidente, mantiene con él un imaginario debate al idear su discurso de presentación.
Sus relaciones con la JAE fueron muy fuertes. Primero fue secretario de la Junta para la Ampliación de Estudios, desde enero de 1909 a enero de 1910. Al crearse el Centro de Estudios Históricos fue el encargado de su Sección de Derecho. Y desde 1911 hasta 1925, año en que renunció, ostentó el cargo de habilitado contador.
Sus cargos públicos más importantes, además de su condición de Consejero de Estado, tienen que ver con la política universitaria: senador por la Universidad de Valladolid (1919, 1921 y 1923), inspector general de Enseñanza Superior, jefe de la Sección de Universidades, miembro del Centro de Estudios Históricos y lo que aquí más interesa: de un lado, secretario de la Junta para la Ampliación de Estudios durante, lo que le sitúa en el centro del esfuerzo renovador más importante de la Universidad española; de otro lado, y años más tarde, participó muy activamente en la Comisaria Regia, creada por Primo de Rivera para apartar de la universidad a los profesores universitarios opuestos a la dictadura, entre ellos, muchos de los profesores pensionados por la JAE. También fue presidente de la Academia de Jurisprudencia y Legislación desde 1924 a 1927 y en 1940.
Aunque no se le conoce una actividad política durante la II República, sus simpatías por el bando de los sublevados quedan claras desde los primeros días de la guerra. Ello le valió ser nombrado miembro de la Comisión General de Codificación creada por el Gobierno de Burgos en 1938 y presidente del nuevo Tribunal Supremo constituido por el gobierno rebelde, por Decreto de 27 de agosto de 1938. No en vano el primer ministro de Justicia del régimen de Franco, Eduardo Aunós, había sido también Ministro durante la dictadura de Primo de Rivera e impulsor de uno de los principales focos del pensamiento reaccionario español como fue la revista Acción Española. Acabada la guerra continúa al frente del TS hasta su muerte en 1945, sustituyendo a Mariano Gómez González, Catedrático de Derecho Político, opositor al régimen de Primo de Rivera, republicano católico, liberal y también pensionado por la JAE, que murió en el exilio. Asimismo, hasta su muerte, presidió la Comisión de Justicia de las Cortes, pues fue procurador como representante de altos organismos (Tribunal Supremo de Justicia).
La importancia científica de Felipe de Diego es mucho menor que su relevancia política y social y en modo alguno, a diferencia de otros juristas de la JAE, destaca por constituir un puente con la ciencia jurídica europea. De hecho no se conoce ninguna estancia suya en el extranjero. En este contexto, quizás si por algo debe recordarse hoy a Felipe de Diego es por haber introducido en nuestro derecho algunos aportes de la doctrina italiana de las primeras décadas del siglo XX. Lejos de la modernización que impulsaron los juristas de la JAE, Felipe de Diego, debe inscribirse en la más clásica tradición jurídica española, la del iusnaturalismo católico, lo que se manifestó en que desde la presidencia del Tribunal Supremo impulsó una doctrina jurisprudencial acorde con la moral católica. Algo que marcó la doctrina del TS en todas sus salas durante la dictadura. Su Curso de Derecho civil español, común y foral, representa de algún modo, el enlace entre la vieja manualística del Derecho Civil, representada por el tratado de Sánchez Romás, y el “Castán”, el Manual de derecho civil, escrito por Castán Tobeñas quien le sucedería también al frente del Tribunal Supremo, y que desde mediados de los años cuarenta se convirtió en el prototipo de manual de derecho civil prácticamente hasta la década de los ochenta. Felipe de Diego fundó en 1913 la Revista de Derecho Privado, que con antelación a la guerra civil, constituyó una de las editoriales jurídicas más importantes.
