a M.A.J.M.
“Agrégese a esto, Pelegrín mío, la poca protección que al gobierno por lo general suelen merecer los más ilustres jurisconsultos, pues hombre pudiera citarse que lleva escritas y publicadas con aceptación quince o veinte obras de jurisprudencia más o menos voluminosas, y aún no ha merecido del gobierno una pequeña muestra de distinción, que le diese, ya que no recompensa, al menos aliento y honor”.
(Modesto Lafuente, Teatro Social del siglo XIX por fray Gerundio, 1846)
Con este fragmento de Un Gran Colegio (p. 326) recordaba el fecundo escritor e historiador palentino Modesto Lafuente –siguiendo el tono de fray Gerundio, a su amigo lego, Pelegrín Tirabeque– la figura de uno de los más lúcidos y brillantes jurisconsultos de su época: Fermín Verlanga Huerta. Las primeras noticias sobre Fermín Verlanga Huerta nos la ofrece el canónigo Trifón Muñoz y Soliva en su Historia de la ciudad de Cuenca y del territorio de su provincia y obispado (1866) al que hace, erróneamente natural de Campillos-Sierra y autor de una voluminosa obra de legislación compuesta de 18 tomos. Años más tarde el escritor y político José Lucas Torres Mena nos da cuenta sobre este celebérrimo jurisconsulto en sus Noticias Conquenses (1878); noticia, que al pie de la letra, recoge el periodista y consecuente republicano Santiago López Saiz en el Consultor Conquense (1894). De pasada, sin ahondar en su figura, lo cita en algunos artículos el cronista de Cuenca Juan Jiménez de Aguilar (1914). Habrá que esperar hasta el año 1928 en que José María Álvarez Martínez del Peral, marqués de Valdeguerrero, se ocupe de su figura en su sección Conquenses Ilustres de El Día de Cuenca. Finalmente, tanto Julio Larrañaga en su famosa Guía (1929) como el Diario de Cuenca (1975) se ocuparon de la figura de este ilustre prócer conquense.
Fermín Verlanga Huerta nació por casualidad en la localidad Valdemoro de la Sierra, diócesis y provincia de Cuenca, en el marquesado de Moya, el 6 de junio de 1799. Hijo de Pablo Julián Verlanga, natural de Aliaguilla y de María Teresa Huerta, sus abuelos paternos fueron Alonso Verlanga Verlanga, natural de Camporrobles, y María Tejeda Hernández Martínez, natural de Talayuelas; y los maternos Francisco Huerta, natural de Campillos-Sierra, y Bárbara Hernández, natural de Valdemorillo de la Sierra. Sus padres, Pablo Verlanga y María Huerta, se habían casado el 26 de junio de 1798 en Campillos-Sierra, oficiando el matrimonio el padre fray Juan Moya, de la orden de predicadores de Santa Cruz de Carboneras. Fermín fue bautizado en diez días del mes julio de 1799 en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción de Valdemoro de la Sierra por Juan Manuel Contreras, cura de la referida iglesia. Fue su padrino Sebastián Real.
Aunque los datos sobre su infancia son escasos, en la provincia de Cuenca debió cursar la enseñanza de las primeras y segundas letras y más tarde Derecho en la Universidad de Alcalá de Henares donde encontramos su certificación de estudios (1819-1820) y su asiento de grado de Bachiller en Cánones (1820) aunque no el de Leyes. Universidad, la alcalaína, ya en franca decadencia, y donde debió recibir el magisterio en disciplina canónica y política del jurista –y conquense de adopción–, Joaquín Lumbreras Montera. Instalado en Cuenca tras finalizar los estudios de Derecho, en la capital de la provincia ejerció como abogado antes de iniciar su carrera judicial (1829-1856). En la iglesia de San Miguel Arcángel de Cuenca, el 24 de abril de 1823, en plena invasión de los Cien Mil Hijos de San Luis, contrae matrimonio Fermín Verlanga con Josefa Rochina Sánchez, natural de Cuenca, hija de José Rochina Mares y Laguna, notario mayor del tribunal de la Santa Cruzada, Subsidio y Excusado y, a la sazón, uno de los cuatro notarios de asiento de la Audiencia Episcopal y procurador del Real Fisco de la Inquisición, y de Paula Sánchez Masegosa, naturales de Alcoroches (Guadalajara). Ofició el enlace Prudencio del Olmo, siendo testigos Magín Lluch, sochantre de la catedral, don León, padre de San Felipe Neri, y los escribanos de número Prudencio Navarro y Luis Moliní Ginart quien junto a su mujer actuaron como padrinos de la velación nupcial.
Tras terminar los estudios de Derecho, el licenciado Fermín Verlanga Huerta, inicia su carrera en el foro en 1824. Una extensa trayectoria profesional que nos lleva hasta 1856 y a lugares tan dispares como Cuenca, Belchite (Zaragoza), Albacete, Murcia o Madrid. Después de ejercer la abogacía en Cuenca, en 1827 (12 septiembre) es nombrado corregidor (alcalde mayor) de Belchite (Zaragoza) en donde permanece, al menos, hasta 1835. Por el periódico de ideología republicana El Huracán sabemos que en Belchite sufre algún que otro desgraciado suceso con los miembros de la Milicia Nacional voluntaria. A las manos del editor de El Huracán habían llegado documentos que probaban que Fermín Verlanga “fue uno de los que se arrastró a los pies de los más feroces satélites del despotismo, implorándolos, y sirviéndose de ellos para conseguir ruines venganzas, se bautizan ahora patriotas puros, y de amantes de la libertad”. Así lo prueba una exposición de 7 de septiembre de 1830 que desde Zaragoza dirigía Verlanga Huerta al conde de España contra los comandantes de la Milicia Nacional voluntaria de Belchite y contra D. N. Madoz. En ella, Fermín Verlanga se lisonjeaba con el título de leal vasallo de S. M. que no teniendo por bastantes fuertes a las autoridades de Aragón para perseguir y exterminar a las filas de las milicias nacionales voluntarias, excitaba el celo de otras más sanguinarias, las que dirigía el conde de España, para perseguir a los desafectos al altar y al trono. La mano acusadora era la del magistrado Benito Serrano Aliaga con quien Fermín Verlanga Huerta se vio envuelto en una encendida polémica en prensa a cuenta de un robo que el segundo sufrió en el verano de 1840 y que vino a probar los excesos y la arbitrariedad con que por esta época actuaba la administración de justicia.
Trasladado como juez a la Audiencia de Albacete, ciudad de la que huye tras el asalto de los facciosos carlistas en 1836, Fermín Verlanga Huerta era uno de los abogados del Colegio de Albacete cuando se trasladó a Madrid, siendo el principal motivo que le determinó a ello las graves pérdidas que le ocasionaron las facciones carlistas en aquella población, desvalijando su casa estos enemigos de la libertad, dejándole sin muebles, libros y hasta sin más camisa que la puesta, añadiendo a esta desgracia las continuas y largas retiradas que siguiendo a aquella Audiencia tuvo que hacer Fermín Verlanga a la ciudad de Murcia y después al castillo de las Peñas de San Pedro, originándosele gastos y trastornos de la mayor consideración.
Miembro de la Sociedad Económica de Amigos del País de Cuenca, abogado de los Tribunales Nacionales y del Colegio de la Audiencia Territorial de Albacete, solicita ser incorporado al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid para continuar ejerciendo la abogacía como abogado de pobres en los tribunales de la capital de la Corte. El 12 de julio de 1837, practicando todas las diligencias y formalidades que prescribían los estatutos del Colegio, presenta el título de abogado que le expidió el Consejo de Castilla en 16 de mayo de 1824. Así lo exigía el artículo 6º los nuevos Estatutos del colegio de la abogacía madrileño. Y con arreglo a ellos tuvo a bien la junta anterior de declarar a Fermín Verlanga para admitirlo e incorporarlo al dicho colegio profesional (21 de julio y 23 de agosto, respectivamente). Fermín Verlanga Huerta llevaba cinco meses de residencia y casa puesta en la Corte, tiempo que empleó en las diligencias de incorporación al Colegio madrileño, y sin poder ejercer en facultad, siendo por lo mismo su posición no muy lisonjera. Vivía Verlanga Huerta en Madrid en la calle Pizarro, nº 11, cuarto 2º, en casa de Antonia Pérez, esposa de Pedro Toledano, comandante de carabineros de la Hacienda Pública, donde Fermín tenía alquilada una habitación decentemente amueblada. Tenía estudio abierto en la calle Toledo, nº 6, cuarto 2º “Que deseando pertenecer a este colegio, acompaña el título original de tal abogado en conformidad con el artículo 6 de los nuevos estatutos” (12-7-1838).
La abogacía, sin duda, era ya una profesión relevante y a través de ella la posición de influencia que uno podía adquirir ante la ciudadanía –y más siendo abogado de pobres– facilitaba un excelente trampolín para la carrera política. Eran nuevos tiempos. Tiempos modernos de una intensa renovación de la clase política española –adaptada a los mecanismos representativos del sistema constitucional– donde muchos de los hombres que habían dado el primer impulso liberal quedarán apartados de la política isabelina. Así lo indica –y coincidimos– el profesor Juan Pro (2001). El resultado fue una nutrida red de notables locales, esencialmente vinculados a la abogacía y apegados a unos valores e intereses comunes en la propiedad de la tierra, que enseguida comenzó un proceso de cierre de círculo del poder, aristocratizándose, y fortaleciendo toda una serie de mecanismos reproductivos que, en algunos casos concretos, se mantendrán hasta la IIª República Española. Tal es el caso de Cuenca. Y tal es el caso de Fermín Verlanga Huerta y de otros notables conquenses.
El 28 de agosto de 1845 solicita la baja en la lista de abogados en ejercicio en el Colegio de Abogados de Madrid. Hacía tres años que Fermín Verlanga Huerta no ejercía la abogacía por hallarse dedicado a la publicación de obras literarias jurídicas, solicitando meses más tarde, el 21 de noviembre de 1845, la reincorporación al Colegio de Madrid “habiendo cesado los motivos que me determinaron a solicitar el 28 de agosto último, se me excluyese de las lista de abogados en ejercicio, suplico a VV. SS., se sirvan de reintegrarme en la primera Junta”. Se le reintegra por antigüedad después de José Ruiz y antes de Patricio Joaquín de Ávila. Volvía así a abrir su despacho de abogado en la calle de Vergara número 3.
Hemos de señalar que en el siglo XIX la regulación el ejercicio y la colegiación en la abogacía fueron bastante volátiles, a saber. Durante buena parte del reinado del Fernando VII se necesitaba una purificación moral y política, es decir, ser buen patriota, o lo que es lo mismo: ser adicto al régimen absolutista. Limitaciones a esta profesión liberal a las que se añadían los estragos que vivieron muchos abogados durante las persecuciones del rey felón. Sin embargo, durante el Trienio Constitucional las cosas fueron distintas. Un Decreto del gobierno liberal instauraba el libre ejercicio de la abogacía sin necesidad de colegiarse pero sí que era exigible presentar el título de Derecho a la autoridad local para poder ejercer en el foro. Y así llegamos a la Constitución liberal de 1837 donde en su realización tuvieron un lugar destacado los abogados, muchos de ellos constituyentes. En ella se vuelve al sistema de 1823 y se establece la creación de los Estatutos de este colegio profesional y solo a partir de 1838 se generaliza la creación de los Colegios de Abogados (Pérez Bustamante: 2015). Decir que las diligencias de Fermín Verlanga para su incorporación el colegio de abogados de Madrid estaban dentro de la Real Cédula de 27 de noviembre de 1832 donde se abolió el numerus clausus en este colegio y en los demás del reino pasando a ser indefinido, institucionalizando así el libre ejercicio de la abogacía para todos aquellos que tuviesen la titulación requerida y, por consiguiente, abriendo la práctica del Derecho a más personas. Ante la avalancha de nuevas incorporaciones a todos los colegios, éstos se vieron en la necesidad de crear las Reales Academias de Prácticas Forenses con objeto de instruir a los nuevos abogados en la práctica del ejercicio ante los tribunales de Justicia. Por resumirlo mucho, era una especie de formación profesional, un máster, si se prefiere, de la abogacía, donde se planteaba una formación más específica para entrelazarla con la judicatura a fin de conseguir una más recta administración de la Justicia.
En Madrid, Verlanga Huerta, colaboró como redactor del diario de ideas republicanas El Huracán (1840) –una colaboración que fue desmentida por Patricio Olavarría, director del periódico–, en el progresista El Eco del Comercio y en alguna que otra publicación. En El Eco va a formar parte de la redacción junto a otros prohombres de letras y la política del progresismo español como Fermín Caballero, Mateo Miguel Ayllón, Joaquín María López y Félix Bona, así como los también periodistas, Juan Bautista Alonso, Antonio Collantes Bustamante, Juan Meca, Antonio Ramírez Arcas, y los historiadores Manuel Díez Ilarraza y Fernando de Corradi, entre otros. Había expuesto su vida Fermín Verlanga Huerta cuando, como miembro de la Milicia Nacional de Madrid, en 1º de septiembre de 1840 apoya el golpe encabezado por el general Espartero contra el gobierno moderado.
Por su cuenta y riesgo publica Verlanga Huerta el periódico/revista La Justicia o pensamientos sobre la justicia forense, administrativa y política. Al inicio, esta publicación estuvo escrita en su totalidad y dirigida por Fermín Verlanga; luego se sumaron los abogados José María Fernández de la Hoz Gómez –eterno diputado por la provincia de Ciudad Real y ministro de Gracia y Justicia en el gabinete de Istúriz– y Juan Bautista Muñiz Miranda. La Justicia, nombre popular con el que se conocía esta publicación, se trató de una “obra periódico” publicada cuatro veces al mes. Su vida editorial fue corta, menos de un año, desde el 23 de mayo de 1842 al 14 de marzo de 1843, con 24 entregas totales. En general la publicación tuvo un formato breve, de pocas páginas, más como un periódico que como una revista de desarrollo doctrinal. Destaca esta revista por su interés en la legislación extranjera, sobre todo en la experiencia francesa. Al costado de la misma también encontramos breves relatos literarios, chistes o comentarios de difícil encaje en la nueva época como el duelo o los desafíos con las armas. La portada se acompañaba de unos grabados llamativos, su sección doctrinal estuvo compuesta por artículos breves que abarcaron generalidades sobre la naturaleza de la ley, la necesidad o no de los procuradores de causas o comentarios destinados a resolver cuestiones forenses bastante prácticas. Otra sección fue la de actualidades, nombramientos judiciales y novedades legislativas. En la entrega 21 cambio de título a La Justicia; siempre con el subtítulo de Obra periódica de legislación y jurisprudencia. Utilizó la técnica de dejar sin concluir un artículo para terminarlo en otra entrega. La revista se imprimía en la Imprenta de Yenes, donde editó sus primeras obras Verlanga Huerta.
El mismo día que se declaró la mayoría de edad de Isabel II presentó el pueblo madrileño un rudo ataque a la libertad de la prensa, un escándalo inaudito, un atropello de las garantías consignadas en el artículo segundo de la ley fundamental del Estado. Un artículo, el de la Constitución de 1837, quemado y dando sus cenizas al viento. Fueron buscados en sus casas los redactores de El Espectador, suspendiendo su publicación; y de El Eco del Comercio fueron llamados a la jefatura de policía el día 8 a las 12 de la noche y poco después presos y rigurosamente incomunicados en el cuartel del soldado el editor responsable (Sebastián Hernández), el director (Francisco Mendialdua) y uno de los redactores (Juan Meca). Ambos periódicos pertenecientes a la oposición, pertenecientes al partido liberal y que en fuerza de sus profundas convicciones, de su amor a la independencia y a la libertad del país habían levantado su voz para avisar a todos los patricios de la traición de los enemigos del pueblo español. Este fue un preludio de las persecuciones preparadas contra los opositores políticos y contra la prensa por parte del gobierno moderado. Además de las referidas prisiones se intentó también hacer la de Fermín Verlanga Huerta, otro de los redactores de El Eco, por ser considerado uno de los “incitadores” del atentado contra el general Narváez en 1843. Fueron a su casa los esbirros del Pacificador de La Mancha con objeto de allanarla y apiolar a Verlanga, afortunadamente sin efecto, pues no se hallaba en ella, quizá advertido por la situación que sobrevenía, pudo ponerse a salvo. Con este episodio se iniciaba para los escritores liberales una nueva era de persecuciones y venganzas, una nueva era de calabozos y mazmorras que atentaba contra la seguridad de los escritores y, por consiguiente, contra la libertad de imprenta, principal garantía de los pueblos libres.
La primera noticia que tenemos de Fermín Verlanga en el palenque electoral la encontramos en 1841. Por el fallecimiento del diputado requenense Agustín Severiano Fernández, en julio de ese año en los baños alicantinos de Busot, se tuvieron que celebrar nuevas elecciones. La suerte para sustituirle recayó en el hacendado Juan Francisco Duque quedando de suplente José Trinidad Herrero; habiendo obtenido mayor número de votos después de los elegidos Pedro Alcázar Cerdán y Fermín Verlanga Huerta. En esas elecciones la candidatura para diputados y senadores estaba configurada por Fermín Caballero, de Barajas de Melo; Juan López Pelegrín, de Valdemoro de la Sierra; Manuel Belinchón, de Pinarejo; Ambrosio Villalva, de Horcajo de Santiago; Bernardo Belinchón, de Fuente Pedro Naharro; Agustín Severiano Fernández de Requena y León Sánchez Quintanar, de Mota del Cuervo. Para senadores: José Joaquín de Moya, de La Almarcha; Mateo Miguel Ayllón de Cuenca y Vicente León de El Provencio. Los sujetos elegidos diputados por Cuenca fueron los siguientes. Van colocados en el lugar que les corresponde según el número de votos: Juan López Pelegrín, Ambrosio Villalba, Manuel Belinchón, Agustín Severiano Fernández y Fermín Caballero. Suplentes: Bernardo Belinchón y León Sánchez Quintanar. Propuesta de un senador: José Joaquín de Moya, Mateo Miguel Ayllón y Vicente León.
Tras el bombardeo y la represión de Barcelona, la imagen y popularidad del general Espartero se vio tremendamente deteriorada. Una vez disueltas las Cortes el 3 de enero de 1843 se convocaron nuevas elecciones. Unas elecciones, las de febrero de 1843, que se convirtieron en un auténtico plebiscito sobre el jefe del Estado. Elecciones que, como veremos a continuación, estuvieron marcadas por los atropellos que cometió el Gobierno para asegurarse el triunfo de los candidatos esparteristas. Incluso Espartero se implicó personalmente en la campaña apoyando la opción ministerial, liderada por González e Infante, con la circulación de un más que polémico manifiesto político. El manifiesto era un claro apoyo a las candidaturas ministeriales. El Gobierno lo hizo circular en las provincias como hoja volante antes de su difusión en la prensa.
Quizá uno de los casos más ruidosos a este respecto es el del jefe político de Cuenca, Juan Matías Guerra que sustituyó al cesante Antonio López Ochoa. Nombrado días antes de los comicios, su propósito era claro: trabajar por el triunfo de los ayacuchos. El falseamiento de las elecciones comenzó con el trasiego general de empleados hechos por el Gobierno. El nombre de Matías Guerra adquirió cierta especie de celebridad en la época –porque todos los casos extremos la llevan consigo– cuando en condescendencia con el gobernador eclesiástico mandó a los curas párrocos de la provincia y obispado de Cuenca la lectura del polémico manifiesto de Espartero en el ofertorio de misa. La reacción de la oposición no se hizo esperar. La prensa moderada tachó de panegírico el manifiesto y veía en él un intento del Gobierno por desvirtuar e inclinar los sufragios en contra de la coalición monárquico constitucional. Incluso un periódico nada sospechoso de moderantismo como El Eco del Comercio acertadamente lo rechazó. Arguyó el principal órgano del progresismo español que el trono debía mantenerse ajeno a los partidos. Tanto el célebre Matías Guerra como el gobernador eclesiástico de la diócesis –Cuenca tuvo sede vacante desde 1841 a 1847– y el Regente del reino fueron objeto de acalorados y violentos epítetos por este lamentable acto de imprudencia por querer convertir la cátedra del Espíritu Santo en un palenque electoral y lugar de agitación de los ánimos y de los partidos. Era España un país sumamente polarizado y en el que algunas pandillas políticas se estaban empezando a dejar arrastrar por las tenebrosas combinaciones revolucionarias. Que “el hombre del pueblo, nacido del pueblo y elevado por el pueblo” interviniera en las elecciones era para El Eco cohibir la voluntad de los electores (Díaz Marín: 2008).
Empezaba así una campaña de desprestigio contra el duque de la Victoria. Un Regente del reino que siempre estuvo en el punto de mira de los moderados, que no escatimaron fuerzas ni medios en su infamante campaña difamatoria “del todo vale” con el claro objeto de crear animadversión pública hacia su persona y hacia su condición de Regente (Díaz Marín: 2008). ¿Nos suena verdad? Nada nuevo bajo el sol. Esta campaña difamatoria vino de la pluma de importantes cabeceras periodísticas como El Católico, El Sol, El Heraldo, El Pabellón Español e incluso el progresista El Eco del Comercio. Para contrarrestarla, los esparteristas contaron con El Espectador, La Iberia y algún otro periódico afín al ministerio y al general. A propósito de este asunto, en la prensa nacional encontramos una interesante exposición escrita por algunos miembros de la Diputación Provincial de Cuenca, en que tomando como pretexto un artículo publicado por El Pabellón Español, escribieron al general Espartero pidiendo, poco menos, que la supresión de la libertad de imprenta. Entre los firmantes estaban Patricio de Moya, Juan de la Cruz Jiménez, Juan Antonio Romero y Gerónimo Martínez Falero, un personaje peculiar a quien las Cortes Constituyentes de 1836 le probaron que para recibirse de abogado en la época del absolutismo, había hecho informes de haber sido espía y perseguidor de liberales. Olvidaba la corporación provincial conquense que atacando a la prensa se estaba atentando no solo contra el artículo 2º de la Constitución, sino también contra el más sagrado de todos los derechos: el de la libertad de prensa.
Con motivo de las elecciones del 27 de febrero de 1843, las primeras que tuvieron lugar en ese convulso año –las otras se celebraron en septiembre– vino a Cuenca un jefe político ad hoc: Juan Matías Guerra. Además se puso en libertad al famoso Seco, encausado por las estafas de movilizaciones, porque ofreció hacer la guerra con Guerra (Juan Matías) al candidato opositor, Fermín Caballero. Pero Matías Guerra no estuvo solo en su propósito. Contó con la inestimable colaboración de algunos diputados provinciales que se decían oposicionistas y ultrademócratas que, aunque con diversos fines, ayudaron también al Gobierno. Pongamos que hablo de Gerónimo Martínez Falero. Conociendo el paño y la dificultad de ganar electores, tanto desde la corporación provincial como desde la jefatura política se puso toda la carne en el asador. Empezaba el juego de cubiletes. Como puso de manifiesto Florentino Aparicio, comisionado de Uclés y, a la sazón primo de Fermín Caballero, en un escrito dirigido a las Cortes, el objetivo del Gobierno y de sus agentes electorales en Cuenca estaba claro: “Todos menos el señor Caballero”. También le puso de manifiesto esto Joaquín María López –en la comisión de actas de 29 de abril de 1843– a los diputados Ramón López Zafrilla y Juan Filiberto Portillo, cuando le resultaba verdaderamente extraño que Fermín Caballero, diputado tantos años y con tanto lustre en la provincia de Cuenca, habiendo tenido una intervención tan decisiva en las elecciones, yendo a la cabeza de la candidatura de la formaban parte Portillo y López Zafrilla y habiendo triunfado esa candidatura misma, hubiera quedado de mero suplente.
Días antes de las elecciones, en la tarde del 5 de febrero, se había celebrado en Cuenca una gran reunión o junta electoral progresista. Debía verificarse en el salón de la Casa de los Cinco Gremios aunque finalmente se hizo en la biblioteca del Seminario. A ella asistieron toda clase de sujetos electores de los más influyentes en sus respectivos partidos, pertenecientes a la fracción de los partidos que representaron a los firmantes del Manifiesto de los Siete. En ella encontramos tanto al universo moderado como al universo progresista –mucho más variado- desde los ministeriales, a partidarios de Olózaga y terminando con los puros de López y Caballero. El rigor de la situación y el peligro de los caminos no retrajeron a los electores de acudir al llamamiento. Estuvieron representados todos los distritos, incluso los de La Mancha, aunque pocos, tuvieron representantes. Se contaron unas doscientas personas en la Junta. Esto probaba la importancia de estos comicios y de una victoria legal en el terreno de las urnas de los principios del progreso puro y efectivo. Con ese objeto se prescindió de opiniones y se admitió la fusión de los partidos para el importante punto de las elecciones a diputados. De ella dependía, si se obraba de buena fe por los electores, una elección acreditada por el bien general de la nación. Añadir a este punto que el viejo anhelo de unión liberal -idea lanzada por los moderados- pasó a ser una demanda de un amplio sector de la opinión pública, incluida la prensa –aunque algunas cabeceras la tacharon de ingenua y no sin razón-. En realidad, esta unión fue más una estrategia de las élites para controlar a las clases populares ante posibles brotes revolucionarios y tuvo mucho más éxito en los comicios de septiembre de 1843. Dicho esto, volvamos a la reunión.
Se empezó a nombrar quien presidiera la reunión, para lo cual fue unánimemente elegido Fermín Caballero, ex diputado constante desde 1834 nombrando por secretarios a Gerónimo Martínez Falero y Francisco Page. Por el diputado provincial Patricio de Moya, se manifestó cual era el objeto de la reunión, a cuya decisión y examen se sometió el programa/manifiesto de esta Diputación Provincial y fueron aprobadas todas sus bases sin otra variante que declarar no comprehendidos en la primera a los militares, desestimándose igual declaración respecto de los magistrados, aclarándose que no debían considerarse como empleados públicos, y no quedar exceptuados por lo tanto de la elección. Este era uno de los puntos del manifiesto que la Diputación Provincial había dirigido a los electores de la provincia y con el que se buscaba una mayor independencia del poder legislativo. En este sentido habló notablemente el coronel del regimiento provincial de Cuenca y después de varios discursos de Caballero, Alonso y Falero, a propuesta de Fermín Caballero se acordó nombrar una comisión electoral compuesta de nueve diputados provinciales que propusiera la candidatura a la junta general, y los electores de cada partido judicial designaron el suyo, resultando por el de Belmonte, Patricio Moya; por el de Cañete, Manuel José Almonacid; por el de Cuenca, Juan de la Cruz Jiménez; por el de Huete, Gerónimo Martínez Falero; por el de Priego, Ramón del Ejido; por el de Requena, León Martínez Cantorné; por el de San Clemente, Juan Antonio Romero León; por el de Villanueva de la Jara, Andrés Portillo; y por del de Uclés, Fermín Caballero. Esta comisión se retiró, y evacuando el encargo, volvió a proseguir la Junta, para ocuparse de la votación de candidatos para las Cortes, recayendo ésta en progresistas todos de la oposición, a saber. Para diputados: Fermín Caballero, de Barajas de Melo; Ramón López Zafrilla, de Sisante; José Trinidad Herrero, de Requena; Juan Francisco Duque, de Canalejas; José Filiberto Portillo, de Pozorrubio; Juan Antonio Montejano, de Las Pedroñeras; Alfonso Briz, de San Clemente. Para senadores: el marqués de Valdeguerrero, de Vara de Rey; don José Álvaro Martínez Herrera, de Sisante; don Manuel Ruiz Alarcón, de Alcohujate. Habiendo reinado en la reunión el mayor orden, la más buena fe y la mejor armonía, se concluyó el acto con mutuas invitaciones para que igual unión hubiera en los colegios electorales, a fin de que afecciones personales u otros motivos no causasen divergencias perjudiciales al bien público, y solo útiles a los enemigos.
Fueron muchas las candidaturas ministeriales que circularon en la provincia y casi todas ellas de la fracción de Fermín Caballero en la que estaban varios diputados provinciales que hicieron valer su posición. La candidatura del partido progreso legal que circulaba en la provincia fue la conformada por el marqués de Valdeguerro (Vara de Rey), Juan López Pelegrín (Valdemoro de la Sierra), Manuel Belinchón (Fuente de Pedro Naharro), José Trinidad Herrero (Requena); Ruperto Navarro Zamorano (Moya); Juan Antonio Montejano (Las Pedroñeras) y para la terna de senadores el marqués de Valdeguerro, Anselmo Cuenca (Huete) y Rafael Herrera (Sisante). Todo un doble rosto del Jano progresista de la época.
Observamos en ambas candidaturas como en el proceso de elaboración de la candidatura jugaron un papel importante tanto personas influyentes en la provincia (Fermín Caballero) como en la Diputación Provincial (Gerónimo Martínez Falero). Esta candidatura coalicionista entre moderados y progresistas y sin demócratas que, aunque integrada con importantes dirigentes a escala local y provincial, contó con el consenso inicial de los patricios de la provincia pero que indujo a no pocas confusiones entre los electores de la provincia a pesar del ascendiente que muchos de estos notable tenían sobre los electores de su distrito. La Diputación Provincial de Cuenca jugo un papel importante en la campaña electoral. Siguiendo la pauta que marcó la zaragozana, la de Cuenca y otras tantas, resolvió publicar un manifiesto (18 de enero de 1843) que buscaba la moralización de la actividad pública como condición necesaria para la modernización política, económica y social del país; en suma, una regeneración política que tendrían que acometer las nuevas Cortes que surgieran de las elecciones de febrero de 1843.
Llegados a este punto de la película –y a juzgar por los nombres que figuraron en la reunión– hemos de señalar que la Junta de electores estuvo, a pesar de la influencia que pudiera ejercer Caballero en la lista final de candidatos a Cortes -creemos que poca- formada por un nutrido de progresistas partidarios de Espartero, a saber. Para empezar los dos secretarios de la reunión, Francisco Page y Gerónimo Martínez Falero, quienes además eran miembros de la corporación provincial, el primero como diputado y el segundo como secretario. A ellos cabría añadir los nombres de los comisionados electorales Patricio de Moya, Manuel José Almonacid, Juan de la Cruz Jiménez, Juan Antonio Romero León y el mencionado Martínez Falero. Igual caso podemos decir de los candidatos a Cortes y al Senado: Ramón López Zafrilla, José Trinidad Herrero, Juan Francisco Duque y Juan Antonio Montejano y el senador José Ángel de Sandoval Arcina, marqués de Valdeguerrero. Muchos de estos progresitas que apoyaron el cesarismo esparterista (Duque, Trinidad Herrero, Martínez Falero, Navarro Zamorano y Martínez Leganés) fueron sometidos a juicio en los tribunales e incapacitados “legalmente” para ocupar el cargo de diputados provinciales después del alzamiento antiesparterista.
A tenor de las crónicas electorales de la época, el comportamiento de los electores de los pueblos fue heroico. A pesar del temporal terrible de aguas y vientos embravecidos que venía sufriendo Cuenca desde hacía semanas se presentaron casi en su totalidad antes de las ocho de la mañana a tomar parte de la votación de la mesa que ganaron los progresistas puros de la capital. Sobre el temporal apuntar que el Júcar tuvo una crecida considerable. De resultas se rompieron las presas de Santiago, Cerdán y Albaladejito, donde murió ahogada una pobre muchacha. Además, la alameda del Júcar en su mayor parte se cubrió y el Huécar empezó a entrar en la calle de los Tintes. El que los electores conquenses con semejante panorama hicieran muchos de ellos cuatro leguas de marcha en la madrugada por caminos llenos de agua y fango e intransitables, en el mejor de los casos, solo lo explica el que estuvieran ansiosos de cambiar la suerte del país y con ello las mejoras materiales porque tanto suspiraba la provincia de Cuenca con las nuevas Cortes.
Los comicios se rigieron por la ley electoral de 1837 en un intento de incorporar a las clases medias, convertidas en un importante elemento sociológico en el ideario progresista, y que permitió ampliar el censo electoral a grupos no pertenecientes a oligarquías económicas dotando asía de un mayor dinamismo la campaña electoral. Se trataba, en definitiva, con la idea de los progresistas puros y de los demócratas de conectar con las bases sociales del progresismo (Díaz Marín: 2008). En la capital, el progreso legal ganó la mesa electoral a los ministeriales por una mayoría de 103 votos frente a 53 quedando instalada con Narciso María de Foxá, presidente; y como secretarios Gregorio Jiménez Aguilar, Casto Antonio del Pozo, José Escudero y Eustaquio Sevilla. Constituida la mesa se procedió a la votación de candidatos y el escrutinio del primer día de votación arrojó el resultado siguiente. Para diputados: José Trinidad Herrero (127), Ramón López Zafrilla (122); José Filiberto Portillo (122); Alfonso Briz (112); Fermín Caballero (103); Ruperto Navarro Zamorano (100); Juan Antonio Montejano (98); Juan Francisco Duque (50); Narciso María de Foxá (29); Mateo Miguel Ayllón (12); Juan López Pelegrín (7); Manuel Belinchón (7); Bernardo Belinchón (7); Ignacio Rodríguez de Fonseca (5); Luis Villar (2). Para la terna de senadores: marqués de Valdeguerrero (129); José Alberto Martínez Herrera (122); Manuel Ruiz Alarcón (122); Rafael Herrera (7); Alfonso Escalante (7). A pesar de lo que indicaban las crónicas electorales, resulta que el partido ministerial obtuvo 647 votos por 629 la oposición progresista.
La provincia de Cuenca tenía 8.075 electores, que de ellos tomaron parte en estas lecciones 6.104; por consiguiente, la mayoría absoluta eran 3.052. Resultaron elegidos diputados: Montejano (4.289 votos), Duque (4269), Briz (4175), Portillo (4070) y Zafrilla (4402). Caballero quedó como primer suplente con 3999 votos. Entre estos votos estaban comprendidos los de Utiel. En la sesión de Cortes de 29 de abril de 1843 se debatió el asunto de la falsificación de actas en varias mesas de la provincia de Cuenca. Una de ellas fue el acta de Utiel que contaba en su distrito con 407 electores. Concurrieron 407 (los cuatro que faltaron debió ser por olvido) y en las actas desaparecieron los sufragios dados por centenares a Fermín Verlanga Huerta y a un tal Casero. Las actas se habían falsificado el día anterior al escrutinio como lo prueba un remitido de Fermín Verlanga a El Eco del Comercio (19-04-1843) en el que ajeno a todo interés electoral demuestra esta superchería y que la voluntad de muchos electores había sido falseada. En el partido de Requena, la candidatura antiministerial triunfó a pesar de la “sórdida intriga” José Trinidad Herrero y de su condiscípulo Ruperto Navarro Zamorano. Pero el hombre clave en todos los atropellos electorales que se cometieron en la provincia de Cuenca no es otro que Gerónimo Martínez Falero. En estas elecciones había jugado Falero –aunque bien se podría decir Fulero– junto a los antes mencionados Trinidad Herrero y Navarro Zamorano, y con personajes tan dispares ideológicamente como Manuel López Santaella, con el jefe político Matías Guerra, con José Filiberto Portillo e incluso con los caballeristas, dándoles a todos por su cuerda. En los votos de este distrito se comprendían los de Utiel. Y entre ellos los 244 que obtuvo Fermín Verlanga Huerta según el secretario escrutador, Juan Francisco Franconi, y que luego desparecieron en el acto de escrutinio general. Hecho que se denunció ante la junta electoral. El diputado moderado por Cuenca, José Filiberto Portillo, apuntó que ese mismo secretario escrutador había firmado un acta en la que Verlanga Huerta no obtuvo ningún voto. Llega entonces la intervención del diputado madrileño González Acevedo señalando que 14 de los 111 testigos que firmaron la representación al Congreso sobre la falsificación de las actas de Utiel, dicen que no ejercieron el derecho electoral y que si firmaron la representación fue porque no sabían lo que firmaban, y al contrario se les había hecho creer que el objeto de aquella era que la capitalidad del partido de Requena se estableciese en Utiel.
Lo cierto es que las actas de cuatro distritos en que figuraban 1349 votantes, ni un solo voto obtuvo el adversario del Gobierno, Fermín Caballero, y los dieron al rico hacendado Juan Antonio Duque y a otros que también “eran contra el Ministerio” (Montejano, López Zafrilla y Trinidad Herrero). En palabras del diputado Joaquín María López, Fermín Caballero había obtenido tantos o más votos que Zafrilla y a consecuencia de una mágica y maravillosa transformación obrada por determinadas manos, resultó postergado al lugar de primer suplente. A pesar de estas ilegalidades, sí que parece cierto que aun declarándose la nulidad de algunas actas, el resultado electoral no hubiera cambiado mucho, al menos para los tres primeros diputados, no así para el último, el moderado Portillo.
No fue esta la única enmienda con la que se encontraron Madoz (presidente de la comisión de actas) y el resto de diputados. El diputado López reclama el acta de Cañete donde Fermín Verlanga había obtenido 89 votos. Portillo da cuenta de la queja de Dionisio Romero y una porción de electores de Valdeolivas, unos 90, a quienes en el acto de constituirse la mesa de Priego se les negó el derecho a votar, reconocido por la Diputación Provincial y el jefe político. El presidente de la mesa les dijo que si querían votar lo tenían que hacer en una urna separada, que se pondrían dos urnas: una para los electores del distrito y otra para los de Valdeolivas, acto que era contrario a la letra y al espíritu de la ley electoral, porque el espíritu de esta es asegurar el secreto del voto y la deliberación del alcalde presidente de la mesa era deliberadamente para ver quien votaba de Valdeolivas y por quién.
Por desgracia no se pudo demostrar la falsificación del acta de Utiel pero sí la intervención nociva del Gobierno en las elecciones y del jefe político contra Fermín Caballero. Para ello se obró duplicando los votantes, poniendo en las urnas el nombre de algunos que aún estaban estudiando en las Universidades, haciendo votar a los muertos (¡Ni Fraga Iribarne, oiga!). Vicios que el comisionado de Utiel, ante tales imputaciones, enmudeció, dejando inferir de su silencio la verdad de los hechos. Poco había importado, querido lector, que los electores de la provincia de Cuenca se hubieran reunido para nombrar a sus candidatos si luego el Gobierno podía alterar la fisonomía de las elecciones por medio de amaños e intrigas donde los más diestros sorprenden y engañan a los hombres de bien.
Lo cierto es que con intención o sin ella se trabajó en el mismo sentido por los agentes ministeriales y por ciertos progresistas (Trinidad Herrero, Navarro Zamorano y Martínez Falero) en contra de Caballero. Los dos primeros figuraron en candidaturas opuestas. No es menos cierto que varios caballeristas tuvieron por conveniente suprimir de varias papeletas los nombres de los otros sujetos acordados en la reunión del día 5. Fermín Caballero tampoco era trigo limpio, pues desde el año 1835 era conocido en la provincia de Cuenca como el inventor del innoble juego de eliminación de candidatos. Herrero por su parte, juez interino de Requena, tenía una importante ascendencia política en el distrito de Requena. Contrarrestar la poderosa influencia de Caballero en la provincia de no era fácil pero precisamente en esta ocasión tanto el jefe político Matías Guerra como los oposicionistas de la Diputación Provincial y como Trinidad Herrero hicieron fuerza común y lo consiguieron, dejando al ilustre tribuno barajeño como primer suplente. No es menos cierto, que tanto Trinidad Herrero como su condiscípulo Navarro Zamorano y algunos electores amigos suyos utilizaron ciertos documentos incriminatorios como coacción electoral para pedir el encausamiento de algunos de los caballeristas más influyentes por haber defraudado fondos de la nación y otros por haberse enriquecido con los mismos agiotajes que tanto se afeaban a Seco.
El día 17 de agosto de 1843, Fermín Verlanga es uno de los asistentes a la reunión electoral celebrada en el salón de columnas del Ayuntamiento de Madrid a instancias de El Eco del Comercio. Se advertía en el anuncio de la convocatoria y se invitaba a que concurrieran a la reunión los que aprobasen las opiniones políticas que se desprendían del programa/manifiesto, al revés de la reunión celebrada en el Liceo en que se invitaba indistintamente a todos los electores y a todos los hombres de prestigio y autoridad en el país a la reunión. Pero no se respetó la prohibición y acudieron muchos de los que no aprobaban el programa. Antes de que los electores se reuniesen ya se habían publicado un Manifiesto o programa firmado por varios comisionados de las juntas provinciales en el cual se pedía la modificación de la Constitución y el pronto enlace de la reina. A la una se abrió la sesión, y desde luego se echó de ver que la mayoría de aquella reunión pertenecía al partido ayacucho, hallándose desde un principio en el local los principales jefes de esa fracción, entre los que estaban Beroqui, Angulo, Méndez, Talavera, Villamayor y otros varios. Lo restante de la reunión se compuso de republicanos y algunos progresistas de la coalición, entre los que figuraban los firmantes del manifiesto. No fueron pocas las recriminaciones y las blasfemias contra el pronunciamiento “que acababa efectuar el país con objeto de librarse de la tiranía que le subyugaba”. Gracias a El Eco, a El Católico y a El Heraldo sabemos que Verlanga Huerta tomó la palabra en esta reunión, quien aprobando el pensamiento que encerraba las bases del manifiesto –entre las que se defendía la expulsión del Espartero de España- propone una reforma del Senado y el veto absoluto que la Constitución concedía a la Corona que, en opinión de Verlanga, debía ser eliminado. También quería Verlanga Huerta que se dijera paladinamente, quien debía ser la persona con quien sería conveniente se enlazase la reina, no bastando se dijese “será persona liberal” porque si no lo es, dijo, “nosotros lo haremos”. Por último, Huerta señaló que lo que se propone en el manifiesto como en un discurso se formulara en bases, en que deberían atenerse los ciudadanos que obtuvieran los sufragios de ser diputados.
Al igual que los moderados, los progresistas intentaron crear una imagen de la reina que encajara con su proyecto de Estado-nación, liberal y burgués (Vilches García: 2018). Hemos de señalar que la regia huérfana se hallaba rodeada de personas que no tenían simpatías por el príncipe español que El Eco del Comercio y El Pabellón Español deseaban. No eran pocos los periódicos que creían que la joven Isabel debía contraer matrimonio con un príncipe español; con un hijo, por ejemplo, del infante don Francisco de Paula, como finalmente sucedió. Desde determinado sector de la prensa antiesparterista se decía que España se encontraba bajo el pupilaje funesto del gabinete de Saint James (esparteristas) y la influencia del gabinete de las Tullerías (moderados). Prensa que, además, abogaba por un ministerio verdaderamente nacional fuera de toda influencia o pretensión de estas dos potencias que, ciertamente, ejercían de mentor de los dos principales partidos -progresista y moderado- con objeto de colocar su candidato en el trono español, aunque para ello tuvieran que incitar al pueblo español a un levantamiento. Aunque la revolución de 1843 produjo el sacar a la reina Isabel de una tutela que se mostraba en desacuerdo y en lucha abierta con la opinión pública, ésta no fue más contra Argüelles que contra Espartero. A las Cortes, debidamente autorizadas, correspondió, por tanto, hacer la declaración de la mayoría de Isabel II, de tan solo 13 años. Unas Cortes revestidas de facultades especiales para alterar el artículo constitucional que fijaba a los catorce años el término de la minoría. El republicano Olavarría, director que fue de El Huracán, haciéndose cargo de la indicación hecha por el Verlanga Huerta sobre quitar el veto absoluto a la Corona dijo que estaba conforme a ello, aunque más prefería que se quitase a la reina misma; expresión a la que acompañó el aplauso de la gran parte de los concurrentes.
Contestó a Fermín Verlanga Huerta, Antonio Collantes Bustamante (presidente de la reunión) explanando las materias contenidas en el Manifiesto, y añadiendo que el descender a pormenores, sobre todo en la cuestión del casamiento no era propio de aquel lugar, debiendo quedar reservado a las Cortes. Excitó Collantes a la unión de los progresistas entre sí, habiendo ya terminado en su opinión la coalición que tuvo su origen en la prensa por haber desaparecido la causa que la produjo y volviendo por consiguiente los partidos a ocupar sus respectivos puestos. Opinaba Collantes por la conservación del Senado, si bien con la reforma que le era indispensable introducir en su organización, porque de este modo se evitaba dar prerrogativas a la Corona, cosa que no podría evitarse para conservar el equilibrio necesario a los gobiernos representativos, si aquel cuerpo desaparecía.
Antes de finalizar el acto se nombró una comisión que habría de dirigir la elección en Madrid. La proposición partió de Fermín Verlanga y de Vicente de las Barreras. Estuvo formada la comisión por Gutiérrez Solana, Joaquín Aguirre, Verlanga Huerta, Eduardo Asquerino, Camilo Alonso Valdespino, José Ordax Avecilla y Vicente de las Barreras, sin embargo de haberse tocado con el inconveniente de que la mayoría de estos individuos no estaban incluidos en las listas electorales. No cabe duda de que en el singular contraste ideológico de la reunión se pudo ver cierto síntoma de división entre los hombres probos de todos los partidos legales que, además, aceptaron una reconciliación en base a tres objetos sagrados: la Constitución política de la monarquía de 1837 –fiel y estricta observada–, al trono augusto de Isabel II constitucional y la independencia nacional. Ese fue el programa del gabinete de López. Tuvo lugar la reunión de electores de las fracciones del partido del progreso el domingo 20 de agosto de 1843 en el gran salón del Instituto. Casi la totalidad de los encargados de conducir los trabajos de la contienda electoral de 15 de septiembre de 1843 eran ayacuchos. En ella no vemos a Fermín Verlanga. Desconocemos el motivo. No obstante, entendieron los progresistas madrileños que para obtener la victoria frente a los moderados debían correr un velo con el pasado y marchar unidos –sin distinción de facciones– al palenque electoral. Lo mismo sucedió en provincias.
Días antes de las elecciones tomó posesión como jefe político de Cuenca, Ignacio Herrera Ávila, quien en una interesante alocución dirigida a los habitantes de la provincia encarece la necesidad de una sincera reconciliación sin exclusivismo ni reacciones. La prensa moderada vio en esta alocución claras instrucciones de Fermín Caballero para trastornar el plan electoral de hacer una buena elección en la provincia. La Junta auxiliar de gobierno de la provincia de Cuenca dirigió entonces a los electores de la misma una interesante alocución. El objeto del alzamiento nacional que acababa de verificarse no fue otro que el de la reconciliación de todos los partidos legales. La candidatura de la provincia de Cuenca, aprobada en una numerosa reunión celebrada en la capital el día 4 de septiembre de 1843, estaba basada en espíritu de unión a pesar de las intrigas de algunos personajes como el juez requenense José Trinidad Herrero y el abogado y secretario provincial Gerónimo Martínez Falero, conocidos ayacuchos. Era de esperar, por tanto, que todos los electores conquenses se acogiesen con beneplácito y decisión firme a ella. En la candidatura figuraron nombres que habían combatido siempre en distintos campos ideológicos pero abrazados en el día, dedicando su ciencia, entusiasmo y patriotismo al bien público. Para diputados propusieron los electores de Cuenca a Fermín Caballero, Mateo Miguel Ayllón, José Filiberto Portillo, Luis José Sartorius, Fernando Corradi, Alfonso Briz, Bernardo Losada y Joaquín María de Cézar. Para la terna de senadores, el marqués de Valdeguerrero, Mateo Belmonte y el marqués de Miraflores. En la segunda terna de la cámara alta del poder legislativo encontramos a Manuel López Santaella, Santiago María Melgarejo y Gil Martínez Unda. En una tercera a Vicente León, Andrés Burriel de Montemayor y Miguel de Córdoba.
En la prensa circularon varias candidaturas para diputados y senadores. No cabe duda de que a tenor de los nombres, estaban formadas por personajes influyentes que gozaban de simpatía en la provincia. A los Caballero, Ayllón, Portillo, Sartorius, Santaella, Valdeguerrero, Cézar, etc., cabe añadir los de Juan Antonio Montejano, Juan Francisco Duque, Ramón López Zafrilla y Agustín Sevillano para el de diputados y los de Marcelino Herrero, Ramón del Ejido y Eusebio Bardají para el de senadores. No queremos dejar la ocasión de nombrar a los miembros de la candidatura monárquico-religiosa, a saber: José Balderrábano, de La Jara (Sanlúcar de Barrameda); Fermín Gonzalo Morón, de Madrid; Francisco de Paula Sandoval, de San Clemente; Joaquín Briz, de Campillo de Altobuey y José Navarrete Coronel, de Murcia, para diputados. Como suplentes figuraban Bonifacio Chacón, de Santa Cruz de la Zarza y Santiago Melgarejo, de San Clemente. Para senadores, en la primera terna, presentaron los católicos al marqués de Valmediano y Ariza, al conde de Buenavista Cerro, Juan Ignacio Mena y de la Quintana y al conde de Torrejón y Valverde. Para una segunda terna estaban el obispo de Ibiza, el duronero Basilio Antonio Carrasco Hernando; Gerónimo de Priego, gobernador eclesiástico; y el granadino Juan José Bonel y Orbe, obispo de Córdoba, tío del poeta José de Espronceda. En la tercera y última terna figuraban el conde de Corres; José Silva, de Horcajo de Santiago; el teniente general de los Ejércitos Nacionales, José Cienfuegos. Muy pocos, como vemos, con vinculación a Cuenca y su provincia salvo Sandoval, Melgarejo y el conde de Buenavista.
Las elecciones se presentaron bajo los mejores auspicios en favor del partido parlamentario nacional, la colación integrada por progresistas y moderados para hacer frente a la concurrencia monárquica pura y la ayacucha. Casi por unanimidad fueron proclamados sus candidatos. En el distrito de Cuenca apenas tomaron parte la mitad de los electores y de estos la mayor parte fue favorable al partido parlamentario tanto para el Congreso como para el Senado. En el de Tarancón, de 300 electores, la coalición obtuvo 273 sufragios. En Horcajo de Santiago, en ese mismo distrito, los parlamentarios ganaron por unanimidad, trescientos votos de trescientos electores. Lo mismo sucedió en el de Cañete. No sucedió lo mismo en Moya, donde no pudo constituirse la mesa. A pesar de todo, ni en los distritos ni en la capital se advirtió el más ligero síntoma de desunión y desorden. En estas elecciones se nombraron diputados electos por Cuenca a Fermín Caballero, Mateo Miguel Ayllón, Luis José Sartorius (aquí empieza a cimentar su feudo electoral), Joaquín María de Cézar y Filiberto Portillo, mientras que por senadores eligieron los conquenses al marqués de Valdeguerrero, a Manuel López Santaella y a Vicente León.
Tras las elecciones, dispuso la Junta que para el 24 de septiembre de 1843, tuviesen lugar las funciones religiosas, cívicas y militares en la capital en celebridad del pronunciamiento y, por ende, del triunfo nacional conseguido contra el esparterismo. Tenía acordada la Junta una solemne procesión con el cuerpo del santo patrón, San Julián, teniendo lugar por la tarde, la bendición de la bandera de la Milicia Nacional –regalada por la Junta y condecorada con la corbata de San Fernando- y una corrida de novillos enmaromados al día siguiente. Predicó en la festividad el señor Manuel López de Santaella, arcediano de Huete y presidente del Ilmo. Cabildo Catedral. Pronunció Santaella en la catedral una oración en la que recomendaba la unión, base de la felicidad de los pueblos. Casi a finales de año, el 14 de diciembre de 1843, el Ministro de la gobernación, Fermín Caballero, “en consideración al mérito en el último alzamiento nacional contraído por la ciudad de Cuenca, sin reparar en sacrificios ni compromisos por sostener la causa de la nación frente a las divisiones de Enna e Iriarte”, el gobierno provisional decretó que la ciudad de Cuenca añadiera a sus antiguos título de Muy Noble y Muy Leal el de Impertérrita.
Pero volvamos nuevamente a las elecciones de septiembre de 1843, las segundas que se vivieron en ese convulso año. Determinado sector de la prensa se hizo eco de una noticia en que se aseguraba que Fermín Caballero, Ministro de la Gobernación, había prometido hacer a la villa de Utiel cabeza de partido judicial, no sabemos si en detrimento de Requena, para obtener en cambio de aquellos electores una sumisión completa a sus aspiraciones electorales. Nos suena, verdad. El conducto por el que debió llegar esta información no es otro que del José Trinidad Herrero –juez natural de Requena y archienemigo de Fermín Caballero– a través de su condiscípulo: Ruperto Navarro Zamorano, entonces residente en la Corte como pasante en el bufete de su futuro suegro, Joaquín María López. Es cierto el refrán que dice que no hay peor astilla que la de la misma madera. Estas malas artes de don Fermín explicarían la circunstancia de ver incluido en la candidatura de la provincia al oficial mayor de aquel Ministerio, Fernando Corradi, que no tenía ninguna vinculación con Cuenca. Esta será su primera acta como diputado. Desde la prensa esparterista tenían la amarga convicción de que el ilustre polígrafo barajeño, a través de circulares gubernativas, había intrigado a su favor y violentado la libertad en las elecciones. Una fórmula oculta de poder que ya habían practicado sus antecesores, que tanto criticó él y que practicaran sus sucesores a lo largo de la centuria.
Encabezados por José Ordax Avecilla aparece Fermín Verlanga como uno de los firmantes de la exposición que un grupo de 40 abogados progresistas del Colegio de Madrid dirige al Congreso (25-02-1846) para que “observasen religiosamente las leyes que garantizaban el libre ejercicio de la profesión de la abogacía y de las demás científicas”. Se encontraban estos letrados en la dura necesidad de reclamar a los señores diputados contra lo dispuesto en el artículo 17 del Real Decreto de 13 de mayo de 1844 y el de la circular de 8 de agosto del mismo año para llevar a cabo la exacción del importe de la patente industrial o capitación que se les había impuesto. Se oponen a la existencia o conservación individual, porque según lo mandado en el artículo 1º de la circular se prohíbe el ejercicio de su profesión, a los abogados que no hayan satisfecho la contribución industrial. Mencionar que gran parte de los firmantes tenían satisfecha la patente. Semejante prohibición atacaba a la más sagrada de las propiedades que tiene el hombre, que es la de emplear sus facultades físicas e intelectuales en el respectivo trabajo para adquirir los recursos indispensables de subsistencia y el prohibírselo era condenarlos a perecer. Como ponen de manifiesto los firmantes, la elevada misión de un gobierno no es el prohibir a los ciudadanos a ocuparse en el trabajo y en el ejercicio de sus profesiones u oficios, y sí la de estimular a él. España era un país de singularidades en este momento; mientras que se publicaba una ley contra los ociosos, por otra se prohibía y castigaba a los hombres laboriosos en virtud de la funesta circular del 8 de agosto de 1844.
Al parecer, la mencionada circular fue bastante polémica. En otra de sus disposiciones, la cuarta, se declaraban nulos los juicios de conciliación, los contratos y cuantas diligencias se practicasen por todos los contribuyentes que estuvieran imposibilitados de pagar la patente o contribución industrial. Imposible parecía que en el siglo XIX las Cortes acordasen semejante resolución y se opusiese al ejercicio de los derechos adquiridos bajo la salvaguarda y sanción de las leyes, porque los abogados comenzaron, siguieron y concluyeron su larga carrera literaria, en la inteligencia de ejercer libremente su profesión, con la única condición de defender a los pobres. Tanto el Real Decreto como la Circular destruían por su base las atribuciones más esenciales del cuerpo de legisladores, borrando de un plumazo cuantas leyes existían sobre la ritualidad de los juicios, validez de los contratos, atribuciones de los tribunales y el ejercicio de las profesiones científicas, apropiándose la facultad de hacer las leyes con infracción del artículo 12 de la Constitución de 1845. En conclusión, tanto la circular como el artículo 17 del Real Decreto de 13 de mayo, para estos abogados del colegio madrileño era una “carta desaforada” que gravaba injustamente la actividad del foro como patente industrial y que, además, carecía de fuerza legal por depresivos del supremo poder legislativo y contrarios a lo dispuesto en los artículos 12 y 6 de la ley fundamental, así como lo contenido en las tres leyes primera y segunda del título 22, libro 5º de la Novísima Recopilación y a la de Cortes de 8 de junio de 1823, confirmada en 11 de junio de 1837.
Antes de ser disuelto por la revolución progresista de 1854, vemos a Fermín Verlanga Huerta como Consejero Provincial supernumerario. Es un consejo, el provincial, incardinado dentro del entramado institucional del estado liberal español. La Real Orden de 2 de julio de 1845 -que completaba la de 9 de abril de 1845- establecía una composición de entre tres y cinco miembros numerarios más el jefe político de la provincia o gobernador civil, representante directo del Gobierno en la provincia. La norma da cabida a la figura de estos miembros supernumerarios que en caso de necesidad podían asistir a las sesiones del Consejo con voz pero sin voto cuando no actuaran en sustitución de otro consejero. A Cuenca, provincia de tercera categoría, le correspondían, por tanto, tres numerarios designados, más los dos supernumerarios y el jefe político de la provincia que actuaba como presidente. En el caso que nos ocupan integraron este último Consejo Provincial, el otro supernumerario, Ramón Balsalobre; Juan José Jaramillo, gobernador civil, como presidente; José Jaramillo, vicepresidente; y Pedro José Falcón y Feliciano Grande como vocales. Aprovechamos la ocasión para poner de manifiesto la necesaria investigación, aun en forma de esquemáticas reseñas biográficas como esta que nos ocupa, sobre la caracterización política de los principales hombres públicos conquenses de los siglos XIX y XX. También vemos a Fermín Verlanga como miembro de la sociedad económico-política y financiera Hispanoamérica presidida por José Ordax Avecilla. Auxiliaba Verlanga Huerta en los trabajos de la sección contencioso-administrativa junto a Cándido Ovejero, Eugenio López Bustamante y Santiago Maldonado. De esta importante empresa, de la que poco se sabe, intentaba conciliar los negocios forenses y gubernativos, con los puramente mercantiles tanto en la Península como en Ultramar.
El 15 de abril de 1848, Fermín Verlanga, en un remitido a El Siglo, periódico dirigido por Simón Santos Lerín, denuncia uno de los muchos abusos arbitrarios que se venían cometiendo por aquellos días en Madrid. Relató que, el miércoles 12 de abril, alrededor de las cinco y cuarto de la tarde, se presentó en su domicilio Alejandro Ortega y Zafra, comisario de policía del primer distrito, acompañado por el celador del barrio del Humilladero y varios guardias. Preguntaron si en su casa se encontraba José Ordax Avecilla, diputado a Cortes; al responder que no, procedieron de inmediato a realizar un registro escrupuloso de su habitación. Aunque pueda parecer un hecho de poca importancia, resultaba grave pues mientras Ordax Avecilla se encontraba tranquilamente en su casa, a Fermín Verlanga le acababan de allanar la suya en busca del diputado demócrata. Era sabido por conductos oficiales que no existía intención ninguna por parte del Gobierno de detener a Ordax como a otros destacados diputados progresistas –como se demostró después por la prensa-. Y todo a cuenta del fallido intento de revolución republicana de la noche del 26 de marzo de 1848 donde numerosos militares y civiles situados a la izquierda del progresismo se levantaron en armas contra el liberalismo conservador del general Narváez. Creemos que esta redada que alcanzó a Fermín Verlanga tuvo que ver con su pertenencia a la famosa Tertulia del 18 de julio y a la del Porvenir, consideradas por las autoridades moderadas como auténticas plataformas para la conspiración.
Jurista estudioso, Verlanga Huerta, fue un excelente autor de obras de difusión jurídicas, como obras prácticas, manuales, traducciones y concordancias entre códigos extranjeros. Con ellas alcanzó una notoriedad notable entre el foro español. Estudioso del Derecho Procesal, es uno de los primeros divulgadores del procidementalismo en España gracias a su obra Concordancia entre el código civil francés y los códigos civiles extranjeros (1840), escrita en colaboración con el abogado y político republicano asturiano Juan Muñiz Miranda, con el que años más tarde colabora en la redacción de La Justicia. La Concordancia por su utilidad práctica fue, por Real Orden de 1º de febrero de 1848, recomendada por el Ministerio de Instrucción Pública a los catedráticos de Derecho Civil de las universidades españolas para “que al explicar las lecciones a sus discípulos hagan notar a estos las variantes que existen entre unos y otros códigos con sus motivos, tratando esta materia con la claridad que se encuentra en la expresada obra”. El papel que Fermín Verlanga ganó exposición entre la narrativa jurídica también se lo debe a la publicación de una serie de traducciones anotadas del francés al castellano de las obras de André-Marie-Jean Jacques Dupin, a saber: De la libre defensa de los acusados (1842); la obra de Derecho Natural y Filosofía del Derecho Lecciones elementales sobre la justicia, el derecho y las leyes anotado por Verlanga Huerta con algunas observaciones relativas al derecho español (1842) o el curioso El proceso de Jesucristo, tratado histórica y jurídicamente por Mr. Dupin que Fermín Verlanga vertió al castellano en 1842. Por no extender más este apartado recogemos, a continuación, recogemos la ardua tarea que emprendida por Verlanga en la materia jurídica: De la propiedad de los empleos y la publicidad de los juicios (1834); Jurisprudencia popular o reglas prácticas para dirigirse cada ciudadano en los negocios (1838); Prontuario jurídico o compilación de leyes, decretos, reglamentos y circulares vigentes para la administración de justicia (1839-1843); Curso de lógica judicial arreglada a las doctrinas de los más célebres jurisconsultos modernos (1840); Tratado que continuando la jurisprudencia popular sobre pleitos de menor cuantía… (1841); Colección de todos los tratados completos de jurisprudencia, legislación y administración española, escritos según los principios y espíritu, de la Constitución política de la monarquía y leyes vigentes, por un método razonado y comparativo de materias distribuidas en una forma analítica enteramente nueva, y en estilo acomodado a todas las capacidades (1841); Prontuario de Diputaciones provinciales y Ayuntamientos constitucionales, o compilación de leyes, decretos, órdenes y circulares vigentes relativas a estas corporaciones (1841); Procedimiento en materia criminal. Tratado que comprende todas las reglas progresivas de dicha materia respecto a la jurisdicción ordinaria (1842-1844); El derecho civil universal por aphorismos (1843) que viene a ser una versión, entre otros textos, los Prolegomena juris (1820) de André-Marie-Jean-Jacques Dupin; Novísima legislación vigente de la imprenta española (1844); Código penal y de instrucción criminal francés, traducido al castellano y comentado con arreglo a las leyes vigentes por F.V.H. (1845); Práctica administrativa española con los correspondientes formularios para establecer y seguir lo asuntos litigiosos… (1845); Manual del negociante y contador o Cuentas hechas con una introducción sobre la usura (1850).Tratado del procedimiento en negocios civiles de mayor cuantía (1841) este es una suerte de Manual de Curiales bastante didáctico. Plácido María Orodea en sus Elementos de Derecho Constitucional aplicados a la Constitución Política de la Monarquñia Española de 1837, publicada en 1843, atribuye a Fermín Verlanga Huerta un Manual de la Legislación Romana o resumen histórico y definiciones del derecho romano (1838) que es en realidad de Jaume Ripoll Vilamajor.
Como vemos un Fermín Antonio Verlanga Huerta que sin llegar a comer en la misma mesa de los Gómez de la Serna, Posada Herrera, Seijas Lozano, Ortiz de Zúñiga, Joaquín Aguirre, García Goyena no les tuvo nada que envidiar en nada como propagador de la materia de la ciencia del Derecho. Morirá Verlanga Huerta en la ciudad de Cuenca el año de 1863 a los 64 de edad.
Referencias
Hemerográficas.
El Avisador, El Católico, El Clamor Público, El Constitucional, El Corresponsal, El Eco del Comercio, El Espectador, El Heraldo, El Huracán, La Iberia, La Libertad, El Pabellón Español, El Peninsular, La Postdata, La Prensa, El Reparador, El Sol, El Universal
Bibliográficas.
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