Hay individuos cuya actuación es determinante para la transformación de un país. Es el caso de quienes incorporaron la entonces atrasada provincia de Toledo al proceso de instauración y consolidación del régimen constitucional establecido en España tras la muerte de Fernando VII. Las reformas liberales fueron defendidas por los cuatro procuradores en Cortes designados en febrero de 1836, así como por al menos cinco de los seis diputados de Toledo elegidos en octubre y uno de sus dos suplentes, todos ellos miembros de la muy minoritaria parte de la población con derecho a voto. Alguno, además, destacó durante la primera guerra carlista, como el abogado Julián Huelves del Sol, quien promovió la leva obligatoria de soldados y el reforzamiento y mejora del equipamiento de la Milicia Nacional, de la que formaba parte. Este sería la cabeza más visible del grupo.

Había nacido el 10 de marzo de 1804 en el seno de una familia de hacendados de tradición liberal oriundos de Ocaña. Tras iniciar estudios en el pueblo de Santa Cruz de la Zarza, estudió Leyes en la universidad de Alcalá, donde se graduó de Bachiller en Leyes en 1822, si bien hubo de esperar hasta 1826 para ser recibido como abogado. El restablecimiento de las Diputaciones en enero de 1836 le dio ocasión para iniciar su participación en la vida pública. Elegido vocal y secretario de la primera corporación provincial, su cercanía a las posiciones del presidente del Consejo de ministros Juan Álvarez Mendizábal (1790–1853), le llevó a su vez a ser nombrado secretario del Congreso en febrero de 1836. Allí se pronunciaría por la disolución de las órdenes religiosas, la supresión de los diezmos y la contribución forzosa de la Iglesia al esfuerzo bélico.

El laicismo de su postura, acogido por eclesiásticos y publicistas de la Iglesia como inaceptable anticlericalismo, no impidió su reelección casi ininterrumpida hasta marzo de 1843, cuando fracasó el intento de anular las actas de los distritos de Toledo y Mora, favorables a su candidatura. Ello a pesar de que buena parte de los progresistas toledanos, como Blas Hernández, candidato en las elecciones de 1843, y Víctor Fernández Alejo, electo una y otra vez hasta septiembre de 1843, opuestos al autoritarismo del general Espartero y a las medidas económicas de Mendizábal, se alinearon con los moderados para atacar a los despectivamente llamados “ayacuchos”, esto es, los partidarios del grupo de militares y civiles que controlaba el gobierno.

Con todo, esa alianza, que provocó la caída de Espartero, y el posterior triunfo de los moderados, muñidores de la Constitución de 1845, lo apartaría de las Cortes mientras los tradicionalistas, encabezados por gobernadores como el funcionario neocatólico Félix Sánchez Fano, Dionisio Gainza, comisionado en la provincia de los negocios del financiero José de Salamanca, y Miguel Tenorio, amante oficial de Isabel II, y por personalidades como Jerónimo del Hierro, vizconde de Palazuelos, Sixto Ramón Parro y Manuel María de Herreros, volvían al frente del Ayuntamiento y la Diputación y se hacían con los escaños del Congreso.

Su alejamiento del Congreso entre septiembre de 1843 y diciembre de 1846, cuando volvió a ocupar un escaño y a ejercer la secretaría de la cámara hasta septiembre de 1850, estuvo, de todas formas, ligado a su defensa de un poder ejecutivo ajustado a la legalidad y alejado de los extremos, postura que le llevó a apoyar la emisión de un voto de censura contra la actuación arbitraria del Regente en mayo de 1842. Esa actitud explica que conservara su prestigio personal. Una semblanza suya publicada entonces encomiaba justamente sus “pocas pretensiones, mucha capacidad, mucho patriotismo, mucha instrucción, muy buen humor” y conocimiento de idiomas. Se mantuvo, asimismo, sin interrupción como uno de los cinco miembros de la importante Comisión central de indemnizaciones por daños causados durante la guerra civil, para la que fue designado en abril de 1842 y donde permaneció hasta la disolución del organismo en 1851. La continuidad de su actividad pública estaría condicionada, sin embargo, por los acontecimientos políticos y por su fidelidad constante a la tendencia centrista de un fragmentado Partido Progresista. Esas circunstancias volvieron a separarlo del Congreso hasta que los últimos gobiernos moderados, en manos de una camarilla movida, con notorio desprecio de la legalidad, por la ambición personal de lucro, cayeron arrastrados por una amplia coalición de fuerzas políticas y por el movimiento insurreccional que la acompañó y se dio paso al llamado bienio progresista y a un gobierno nuevamente presidido por Baldomero Espartero en julio de 1854.

A principios de agosto sería nombrado director general de Administración del Ministerio de la Gobernación, desde donde pudo controlar las elecciones a Cortes constituyentes en octubre de 1854. En ellas renovó su escaño por Toledo, al igual que Félix Martín, el abogado Mariano Jaén y el juez Mateo Bazán, antiguos diputados progresistas. Junto a ellos obtendrían acta el hacendado y financiero Pedro Nolasco Mansi; Ambrosio González, años antes apartado de la secretaría de la Diputación por sus posturas liberales; y un joven Rodrigo González Alegre, más tarde alcalde de la ciudad. De nuevo fue elegido secretario de la Cámara y meses después, en junio de 1855, se hacía cargo del Ministerio de la Gobernación, desde donde hizo aprobar la Ley de Sanidad vigente hasta 1904.

Las circunstancias en que ingresó en el ejecutivo lo dejaron, sin embargo, en medio de las disputas que, un año después, hicieron caer al gobierno de Espartero. Opuesto a la radicalización política querida por los demócratas republicanos, cesaba como ministro en enero de 1856. Se alejaría, a partir de entonces, de la primera línea política y renunciaría a figurar en toda candidatura electoral al tiempo que afianzaba su postura centrista. La convicción de que era preciso estabilizar el país para consolidar el régimen liberal lo llevó a separarse progresivamente de los llamados progresistas puros y a unirse, en 1858, a los miembros del partido que optaron por apoyar a la Unión Liberal del general O’Donnell. Fruto de ese acercamiento fue su nombramiento en 1859 como senador vitalicio y en 1861 como director general de la Deuda Pública en el Ministerio de Hacienda, cargo que no aceptó.

Ese rechazo le permitiría mantener en el Senado la independencia de criterio que caracterizó toda su actividad pública sin abandonar sus convicciones liberales, como le fue reconocido al fallecer en 1865 probablemente afectado por la epidemia de cólera que asolaba el país. La revista El Museo Universal anunció su desaparición como la de “uno de los hombres más consecuentes que el partido progresista contaba en su seno” y cinco años después era recordado por haber sido un ministro “siempre dispuesto a sacrificarse” por el bien de su patria.

Bibliografía:

• CASTILLO, José Luis del. “Agentes de progreso olvidados (1): Julián de Huelbes”. En ABC Castilla-La Mancha. Toledo: 11 de mayo de 2020.
• PÉREZ NÚÑEZ, Javier. “Juan Melitón Huelves del Sol Díaz Nofre”. Real Academia de la Historia. Diccionario biográfico [http://dbe.rah.es/biografias/25032/julian-meliton-huelves-sol-diaz-nofre. En línea].
• Uno que siendo español no cobra del presupuesto. Los ministros en España desde 1800 a 1869. Historia contemporánea. Tomo tercero. Madrid: J. Castro y Compañía, editores, 1870. Págs. 782-783.